El Banco Central Europeo (BCE) lanzó un nuevo programa de compras para garantizar la transmisión de su política monetaria ante el tensionamiento financiero provocado por la COVID-19.

En concreto, el BCE anunció un paquete de compras, por un valor total de 750.000 millones de euros, destinadas a activos de deuda pública y privada, y que se implementarán hasta diciembre de 2020. Asimismo, el BCE reiteró que implementará las compras de manera flexible, con lo que puede concentrarlas en los periodos, economías y activos que puedan sufrir un mayor estrés. Además, ensanchó el universo de títulos elegibles para las compras de deuda corporativa y relajó los requisitos de colaterales de las operaciones de refinanciación. Por último, el BCE recordó que puede tomar nuevas medidas si el escenario empeora al reiterar que hará todo lo necesario dentro de su mandato.

La Reserva Federal (Fed) rebajó los tipos de interés en 150 puntos básicos hasta el rango 0%-0,25%, y continuó desplegando su catálogo de medidas para aumentar la liquidez.

La Fed anunció que restablecería el programa de compras de deuda comercial, por el cual adquiere títulos corporativos, y que abriría facilidades de crédito a algunos agentes del mercado monetario con el fin de aumentar su liquidez. Además, relajó los estándares para poder acceder a dos facilidades de crédito anunciadas la semana anterior (Commercial Paper Funding Facility y Money Market Mutual Fund Liquidity Facility) y comunicó que, bajo ciertos requisitos, adquiriría deuda corporativa directamente de los emisores y en el mercado secundario.

Los países de la Unión Europea (UE) adoptaron una serie de medidas económicas para luchar contra la crisis de la COVID-19.

Tras las medidas de contención del virus, la UE anunció una flexibilización de sus reglas presupuestarias para que los Estados miembros puedan responder a la crisis. En este contexto, los países del bloque comunicaron unas medidas presupuestarias de apoyo a empresas y empleados, y garantías de crédito para las empresas. En concreto, destacaron las garantías de crédito de los estados alemán y francés (de 500.000 y 300.000 millones de euros, respectivamente). A su vez, el PMI (Purchasing Managers Index) compuesto de la zona euro cayó más de 20 puntos en marzo, hasta alcanzar los 31,4 puntos registrados (51,6 en febrero), lastrado en gran parte por el índice de servicios, que cayó hasta los 28,4, lo que representa un mínimo histórico. Estos datos son indicativos de una fuerte contracción de la economía europea, en especial en los sectores de servicios. Asimismo, la confianza de los consumidores de la zona euro también registró su mayor caída, al pasar del –6,6 en febrero al –11,6 en marzo. Este deterioro en la confianza irá a más en las próximas semanas de la mano del aumento del paro y de las dificultades económicas que supondrán las medidas de contención de la pandemia.

El Congreso de los Estados Unidos acordó un plan de estímulo contundente para luchar contra el impacto de la COVID-19, mientras que los datos de actividad ya muestran la ralentización económica.

En total, se estima que las medidas fiscales podrían llegar a superar los 1,2 billones de dólares (6,0% del PIB), y los avales y otras medidas de liquidez podrían alcanzar los 700.000 millones (3,5% del PIB). Entre dichas medidas, destacan las siguientes: pagos directos a los ciudadanos, importantes ayudas a las empresas y a los sectores más afectados, aumento de la cobertura por desempleo y moratorias fiscales. En este contexto, el índice de sentimiento empresarial compuesto para el mes de marzo elaborado por IHS Markit cayó de forma pronunciada en 9,1 puntos, hasta alcanzar los 40,5, claramente en zona contractiva. Este fuerte retroceso se debió al deterioro del PMI de servicios ante el cierre obligado de restaurantes, bares y otro tipo de locales de ocio en numerosas ciudades del país. En la misma línea, las solicitudes de desempleo de la semana del 15 al 21 de marzo se dispararon con un récord histórico de 3,3 millones.

El Gobierno declaró el estado de alarma, prorrogándolo hasta el 26 de abril, y adoptó un paquete contundente de medidas económicas para contrarrestar el impacto de la COVID-19.

Las ayudas directas están valoradas en 17.000 millones de euros (1,4% del PIB) y se concentran en las prestaciones de desempleo por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en la bonificación a las empresas de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por los ERTE y en las compensaciones a autónomos. El Consejo de Ministros decretó que todos los despidos debidos al coronavirus serán considerados no procedentes y que los contratos temporales suspendidos durante este periodo se mantendrán vigentes hasta el final de la crisis. Asimismo, se creó una línea de avales para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros para aportar liquidez frente a la caída de la demanda y a posibles interrupciones de la producción, que se añade al diferimiento de impuestos para pymes. Para el primer tramo de esta línea de avales a empresas y autónomos (20.000 millones de euros), el Estado garantizará el 80% del préstamo para pymes y autónomos, mientras que para el resto de empresas, la garantía pública ascenderá al 70% para préstamos nuevos y al 60% para renovaciones. Finalmente, se garantizan los suministros básicos (electricidad, agua, gas y telecomunicaciones) y se establece una moratoria hipotecaria para aquellas familias que queden en una situación especialmente vulnerable como consecuencia de esta crisis.