El poder de los accionistas

Del activismo financiero al social

Tradicionalmente, las entidades cotizadas y sus inversores han mantenido relaciones bajo la única premisa de inversión a cambio de rentabilidad, pero de unos años a esta parte está destacando el movimiento llamado ‘activismo accionarial’. Con este nombre se identifican los inversores que deciden utilizar su capacidad de influencia para promover cambios en la gobernanza, la estrategia, las políticas y las prácticas de la entidad de la que son accionistas

Los accionistas son uno de los principales grupos de interés de las compañías cotizadas en tanto que propietarios de parte de su capital. Formar parte del accionariado confiere a los inversores derechos económicos, como participar de los beneficios de la empresa, y derechos políticos, como ejercer su derecho a voto en la Junta General de Accionistas (JGA). Estos últimos confieren a los accionistas cierto control
sobre la dirección de la compañía en función de su peso en el capital social.

Los activistas accionariales se dividen en dos corrientes. Por una parte, los activistas financieros que mantienen un claro interés económico en busca de maximizar el beneficio a corto plazo. Por otra, encontramos a los activistas sociales que apuestan por introducir mejoras en materia de gobierno corporativo y de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Estos apuntan hacia la generación de valor a largo plazo como mejor método para defender su inversión.

Los derechos políticos de los accionistas les permiten, por ejemplo, expresar su opinión y votar en la JGA. En función de su peso en el capital social, los accionistas pueden tener representación en el Consejo de Administración mediante los consejeros dominicales. Esta capacidad de influencia es la que facilita el llamado activismo accionarial, definido como “el uso del poder accionarial para influir en el comportamiento corporativo a través de la interacción directa con la empresa, el envío o apoyo de propuestas o el seguimiento de las recomendaciones de los asesores de voto”.

El activismo accionarial nació en la década de los ochenta en Estados Unidos a raíz de la gran cantidad de fusiones y adquisiciones que, a ojos de los accionistas, ponían en riesgo su inversión. En los noventa, el activismo accionarial se centró más en cuestiones de gobierno corporativo, como la separación de las figuras de consejero delegado y presidente, la incorporación de consejeros independientes o la implementación de comités de auditoría y retribución en las empresas.

Durante la última década, el activismo accionarial ha desarrollado las dos vertientes, la financiera y la social. Algunos hedge funds (fondos de cobertura) han aplicado la táctica de adquirir acciones de compañías cotizadas para influir en su estrategia y aumentar el rendimiento financiero a corto plazo. Estos fondos han demostrado tener un desempeño superior a otros atrayendo la atención de la comunidad inversora y suponiendo un efecto llamada para otros fondos de inversión.

Los derechos de los accionistas les permiten expresar su opinión y votar en la JGA, así como tener representación en el Consejo de Administración en función de su peso en el capital social

Paralelamente, se ha desarrollado un tipo de activismo más amplio enmarcado en la Inversión Socialmente Responsable (ISR) y que busca resultados más a largo plazo. Los activistas que se focalizan en la ISR combinan los criterios financieros con los criterios sociales, ambientales y de gobierno corporativo (ASG o ESG, por sus siglas en inglés).

Los activistas accionariales socialmente responsables siguen diferentes estrategias, como las de no invertir en empresas de determinados sectores controvertidos o invertir en compañías que cumplan con estándares de sostenibilidad o sociales muy estrictos. Según la Global Sustainable Investment Alliance, en 2016 los activos gestionados por ISR representaron un 26,3% del total de la inversión mundial. De estas, el activismo accionarial movilizó más de un tercio de los activos de ISR, y fue la estrategia más utilizada en Japón y la tercera más seguida en Europa y los EUA. Se puede afirmar, según relata Marta Remacha en el cuaderno número 36 de la Cátedra CaixaBank de RSC del IESE, que el activismo accionarial se ha consolidado como tendencia debido, en parte, a la constatación por parte de los inversores de que existe una correlación positiva entre el desempeño financiero y las políticas de ASG.

En los últimos años, determinados escándalos financieros generados por la falta de transparencia, responsabilidad o buen gobierno en las empresas han hecho de este criterio una excelente herramienta para valorar los activos en los que invertir.

El activismo accionarial socialmente responsable sigue estrategias como la de invertir únicamente en empresas que cumplan con estándares de sostenibilidad ambiental y sociales muy estrictos

En cuanto a funcionamiento, el activismo accionarial acostumbra a responder a las decisiones empresariales con las que no está de acuerdo haciendo oír su voz. Así, para influir en las decisiones del Consejo, el activismo accionarial suele enviar peticiones, establecer reuniones privadas con los administradores y directivos, promover campañas públicas o mediáticas y también pasa por la presentación y aprobación de propuestas ante la JGA o campañas de voto de oposición.

La implicación efectiva y sostenible de los accionistas, a través del activismo social, se postula como una de las piedras angulares del modelo de gobierno corporativo y RSC de las sociedades cotizadas. “El activismo fortalece el sistema de control y equilibrio y constituye un instrumento efectivo para contribuir a la mejora tanto del rendimiento financiero, como del no financiero”, concluye Remacha.

Fuentes: Remacha, Marta. “Activismo accionarial desde la perspectiva de la responsabilidad social corporativa” (2017). Cuadernos de la Cátedra CaixaBank de RSC. IESE. Global Sustainable Investment Alliance. The 2016 Global Sustainable Investment Review (2017). GSI. Argandoña, Antonio. “Responsabilidad social y creación de valor para el accionista: ¿objetivos contrapuestos o complementarios?” (2007). Occasional Paper 07/16. Cátedra CaixaBank de RSC. IESE.



EN CAIXABANK
GOBIERNO CORPORATIVO

CaixaBank aspira a ser referente en buen gobierno corporativo, tal y como recoge en su Plan Estratégico 2015-2018. Con este fin, considera esenciales la transparencia y la adopción de las mejores prácticas para salvaguardar los intereses y mantener la confianza de todos los grupos de interés.

El sistema de gobierno tiene como objetivo garantizar la gestión sana y prudente del Grupo. En CaixaBank, la gestión y el control de la entidad están distribuidos entre la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración y sus comisiones.

Las mejores prácticas de buen gobierno

CaixaBank mantiene entre sus prioridades estratégicas la de ser reconocido como un referente por sus prácticas de gobierno corporativo. En este sentido, cumple con la normativa vigente en la materia y, además, de forma voluntaria, con la mayor parte de las 64 recomendaciones del Código de Buen Gobierno para sociedades cotizadas de la CNMV.

MEJORES PRÁCTICAS
  • Nombramiento de un consejero independiente coordinador
  • Accionistas con iguales derechos: una acción, un voto
  • Protección de los accionistas minoritarios
  • Fomento de la participación informada

Un consejo equilibrado

  • Separación de funciones entre presidente y consejero delegado
  • Incremento de presencia de consejeros independientes y de mujeres en el Consejo
  • Separación total del Consejo de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
CONSEJO DE ADMINISTRACION